Hacia el 40 aniversario de la dictadura militar - Jornada Nacional contra el protocolo represivo

El próximo jueves 17 de marzo la Unión de Juventudes por el Socialismo, juventud del Partido Obrero, impulsará junto a federaciones estudiantiles y docentes de todo el país la organización de una Jornada Nacional de manifestaciones callejeras, clases públicas y radios abiertas para desafiar el protocolo represivo de Bullrich-Macri.

El protocolo contra las manifestaciones populares promulgado por el gobierno de Macri representa un cercenamiento brutal del derecho a la movilización y a la protesta. El protocolo obliga a avisar anticipadamente al gobierno de las acciones de lucha que se realizarán y les otorga a los funcionarios el derecho a determinar sus características: duración, recorrido, modalidad, etc. De no aceptarse estas imposiciones el gobierno tipificará las acciones como un delito (art. 194 del Código Penal) y recurrirá a la represión directa para terminar con ellas. Las manifestaciones o cortes que no hayan sido avisados y pactados con las autoridades serán directamente prohibidos. Cercena, además, la libertad de prensa: los periodistas solo podrán retratar las protestas en las condiciones que les imponga la policía.

Un protocolo al servicio del ajuste

El protocolo es la contracara necesaria del ajuste que ya tiene su expresión en los 25.000 despidos en el Estado, los tarifazos en la luz y el gas y los techos a las paritarias. Pero el gobierno es consciente de que su política lleva a una mayor recesión, despidos, carestía y choques sociales de envergadura. El acuerdo con los “fondos buitre” -que con los votos del kirchnerismo y la centroizquierda se aprestan a aprobar en el Congreso- y el endeudamiento que buscan deberán ser pagados por los trabajadores y la juventud. Mientras exime de retenciones a las mineras y a las patronales agrarias, Macri incorpora 200 mil nuevos trabajadores a los que ya pagan el impuesto a las ganancias. Con el protocolo, el gobierno busca blindarse ante la crisis social que él mismo va a generar.

Vale decir que hasta ahora al macrismo le ha costado aplicar el protocolo. El masivo paro de estatales el 24 de febrero desbordó cualquier regimentación oficial. Pero después del paro fueron imputados en Mendoza los dirigentes sindicales de ATE Raquel Blas y Roberto Macho por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”. No es casual que las primeras aplicaciones del protocolo sean contra luchadores clasistas del movimiento obrero: es una revelación de fondo de su contenido. Mientras se imputa a luchadores, el burócrata José Pedraza, responsable del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, recibió el beneficio de la prisión domiciliara en un piso de un millón de dólares. Es un antecedente de impunidad que podría aplicarse para los genocidas juzgados por los crímenes de la última dictadura. Ambos reclamos, contra la imputación a los compañeros mendocinos y por cárcel común para Pedraza, formarán parte de la Jornada del 17 de marzo y las marchas convocadas el 24 de marzo por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

No es la primera vez

La implementación de un protocolo contra la protesta ha sido una aspiración común a todos los partidos del régimen. Desde el fin de la última dictadura, el Estado ha tratado por todos los medios de disciplinar la protesta, sin lograrlo. Alfonsín enviaba la policía a las marchas y creó una “oficina especial” de la SIDE en la que trabajaban varios agentes de la dictadura para espiar la movilización social. El gobierno de Menem inauguró la modalidad del protocolo, al publicar mediante una solicitada “instrucciones a los fiscales para que procesen a quienes cortasen rutas o calles”. De la Rúa siguió intentando con los juicios y terminó en el Estado de Sitio. Duhalde se dedicó a tender emboscadas, como la de Puente Pueyrredón, para quebrar la movilización política.

El kirchnerismo sancionó la Ley Antiterrorista e implementó el espionaje a la protesta social a través del Proyecto X y el tándem Berni-Milani. El nuevo protocolo de la Bullrich se apoya en estas bases que ya fueron repudiadas por el movimiento popular.

A la juventud no le cabe ningún protocolo

El protocolo apunta a eliminar el derecho a la lucha, y el derecho a la lucha es el que hace posibles todos los demás derechos. ¿Acaso la jornada de 8hs o el sufragio universal no se consiguieron con huelgas, con luchas y con piquetes? La historia del movimiento estudiantil refuerza esta concepción: la Reforma Universitaria habría sido inimaginable si los estudiantes cordobeses se atenían a un “protocolo”. Ni qué hablar del Cordobazo o la lucha contra la Ley de Educación Superior.

La Federación Universitaria de Buenos Aires, la Federación Universitaria de La Plata y los docentes de la CONADU Histórica, entre otros, debatirán en los próximos días la convocatoria a una Jornada Nacional contra el protocolo para el 17 de marzo.

Llamamos a los jóvenes de todo el país y a sus organizaciones a sumarse. Voltear el protocolo es una tarea de toda la juventud que estudia y trabaja.

De los jóvenes que se organizan desde Tierra del Fuego hasta Jujuy contra la precariedad laboral y los despidos.

De los estudiantes que protagonizaron estudiantazos en La Rioja, en Tucumán y en Buenos Aires contra la descomposición del régimen universitario.

De los jóvenes que luchan en Catamarca, en Córdoba y en todo el país contra la depredación capitalista de la Barrick y Monsanto sobre el medio ambiente.

De las mujeres, estudiantes y trabajadoras, que protagonizaron la enorme movilización por el #NiUnaMenos y deben seguir de pie ante la persistencia de los femicidios y la violencia de género.

A 40 años de la sangrienta dictadura militar es el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30.000 compañeros desaparecidos.

  • Fecha: 2 March 2016